«El 70 por ciento de los médicos actúa condicionado por el miedo a una demanda»

23 de Octubre de 2010
Lne.es

Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, es el autor del libro «Responsabilidad civil del médico y responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria». En este estudio analiza más de 2.000 sentencias, principalmente del Tribunal Supremo, con el objetivo último de «promover un tipo de medicina más preventiva y evitar que se vuelvan a repetir los fallos cometidos». En la entrevista que sigue, el profesor Bello expone algunas de las conclusiones más relevantes de su investigación, así como una serie de líneas estratégicas que, a su juicio, deberían seguir los servicios sanitarios.

-El paciente está indefenso ante el sistema sanitario: ¿tópico o realidad?

-La realidad es que el ámbito de protección jurídica de las víctimas es cada vez mayor y que en los casos de daño desproporcionado los pacientes cuentan con más recursos para acreditarlo. No obstante, es necesario distinguir entre la medicina necesaria, en la que no se exige a los médicos que curen, sino que pongan todos los medios para conseguirlo, y la medicina estética, en la que existe obligación de resultados.

-¿Cómo evoluciona el volumen de reclamaciones? ¿Nos acercamos a las tremendas estadísticas de países como Estados Unidos?

-En la última década se han multiplicado por cuatro las reclamaciones por daños sanitarios y este incremento, a su vez, ha provocado que se dispare en un porcentaje superior al 200 por ciento el importe de las pólizas de los seguros que amparan a los profesionales.

-¿Cómo influye este nuevo escenario en el trabajo de los profesionales?

-Sin duda ha aumentado el nivel de exigencia al profesional sanitario, que se ve acosado por las crecientes reclamaciones y opta por una medicina defensiva, que, en último término, perjudica al paciente.

-¿Por qué?

-Porque no toman decisiones de riesgo por miedo a la posterior reclamación y someten al paciente a multitud de pruebas, sobre todo analíticas y de imagen, para que no queden cabos sueltos. El 70 por ciento de los médicos actúa condicionado por el miedo a una demanda.

-En su libro alude a un déficit de legislación.

-Echo en falta una ley específica sobre la responsabilidad sanitaria y también un baremo de daños médicos que sirva para contener las indemnizaciones.

-¿Debería dar un paso más el sistema sanitario?

-Desde luego, considero inaceptables las listas de espera actuales para cirugía y primeras consultas. Mi conclusión es que resulta necesario indemnizar daños y perjuicios y reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración en casos de agravación de la dolencia o fallecimiento mientras el paciente está aguardando la prestación que necesita. También me parece recomendable crear en los hospitales unidades de medicina legal preventiva que sean capaces de averiguar y corregir a tiempo los fallos médicos que puedan desencadenar las demandas judiciales.

-Los debates sobre la gestión sanitaria son interminables y el gasto está desbocado.

-Casi una tercera parte del total de recursos de las administraciones públicas se gestionan a través de los servicios públicos de salud de las distintas comunidades autónomas y del Estado. Esto exige una mejora de medios humanos y materiales, pero también de la gestión, ya que las consecuencias de la ineficiencia afectan a las personas cuando más lo necesitan y, además, incrementa mucho el gasto, lo cual repercute negativamente en los propios -y excelentes- profesionales de la medicina pública.

-El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acaban de acordar la implantación de unos tiempos máximos de espera.

-Es necesario dotar de credibilidad al sistema diciendo la verdad de las listas de espera sin operaciones de camuflaje o maquillaje de los números. En esta misma línea, resulta perentorio el desarrollo de programas asistenciales de calidad y con unos tiempos máximos de espera garantizados.

-Para cinco tipos de intervenciones se ha fijado un máximo de 180 días.

-Mi idea es una ley de garantías de prestación y cartera de servicios del Sistema Público de Salud que establezca máximos de demora de, por ejemplo, 45 días para consultas y pruebas diagnósticas y 60 días para intervención quirúrgica, puesto que la excesiva lista de espera quirúrgica y, sobre todo, la de consultas externas y pruebas diagnósticas, en las que hay multitud de personas aguardando diagnóstico, es, posiblemente, el motivo más importante de preocupación de la ciudadanía y el que más quejas, reclamaciones y denuncias causa. No es admisible que nadie viva la incertidumbre un largo plazo de tiempo.

-¿Existen singularidades por comunidades autónomas?

-No resulta fácil distinguir entre autonomías, especialmente porque en mi libro prescindo del origen territorial del pleito. Sí estimo que es indicativo que Cantabria y Cataluña sean las autonomías con las listas de espera más largas.

-¿Principales causas de reclamación?

-Las complicaciones durante el parto y los retrasos en los diagnósticos son las fundamentales.

-¿Por especialidades?

-La ginecología y la cirugía estética. Por otra parte, el infarto y el tumor de mama son las dolencias en las que más frecuentemente se ha apreciado el error médico.

-¿Genera más reclamaciones la sanidad pública o la privada?

-La tasa de demandas es superior en las consultas privadas que en las públicas. Sin embargo, las condenas de cuantía más sustanciosa se hallan en las públicas. En el ámbito privado se observa una mayor proclividad a la absolución, ya que no resulta fácil demostrar la culpa médica, mientras que en el sector público resulta más sencillo probar la existencia de lesiones que el paciente no tiene la obligación legal de soportar.

-Usted propone un nuevo marco de relaciones médico-paciente.

-Se percibe la necesidad de profundizar en la formación del médico en aspectos jurídicos y legales que puedan invertir la tendencia a la judicialización de la medicina. Para ello es necesario incrementar la confianza y el entendimiento mutuo entre el médico y el paciente. No hay que olvidar que siete de cada diez reclamaciones se deben a falta de información o a vicios en el consentimiento informado.